Medios de pagos
En virtud del Acuerdo Monetario, Andorra transpuso a su ordenamiento jurídico la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios de pago en el mercado interior. Asimismo, el Acuerdo Monetario incluyó la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y a su ejercicio, así como a la supervisión prudencial de dichas entidades.
A partir de este marco normativo inicial, la regulación de los servicios de pago tenía como objetivo principal facilitar y mejorar la seguridad en el uso de los sistemas de pago a través de Internet y reforzar el nivel de protección del usuario frente a fraudes y posibles abusos, así como promover la innovación en los servicios de pago y establecer un régimen más protector de los derechos de los usuarios en materia de seguridad y transparencia. También incorporaba la prestación de dos nuevos servicios de pago que no estaban previstos anteriormente, como son los servicios de iniciación de pagos y los servicios de información sobre cuentas. Este marco normativo se implementó el ordenamiento jurídico andorrano mediante una modificación de la Ley 8/2018, de 17 de mayo. En fecha del 13 de febrero de 2019 se publicó el Texto Refundido de la Ley de servicios de pago y dinero electrónico (Ley PSD2).
Posteriormente, en el marco del Acuerdo Monetario con la Unión Europea, se han incorporado las últimas actualizaciones derivadas de la normativa europea en materia de servicios de pago, en particular el Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, relativo a los pagos transfronterizos, y el Reglamento (UE) 2024/886 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, relativo a las transferencias inmediatas en euros y a la modificación del marco PSD2.
En este contexto, se ha aprobado el Decreto 415/2025, que adapta el régimen andorrano de servicios de pago para incorporar estas nuevas disposiciones europeas. Este decreto tiene como objetivo mejorar los pagos transfronterizos entre Andorra y los Estados miembros de la Unión Europea, reforzar la transparencia en las operaciones, especialmente en lo que respecta a comisiones y conversión de divisas, y garantizar una mayor comparabilidad y protección para el usuario.