En fecha del 27 de mayo de 2024, el Consejo General aprobó la Ley 10/2024 de auditoría de cuentas en el Principado de Andorra, con el objetivo principal de establecer un marco legal para la actividad de auditoría de cuentas, alineándose con los estándares internacionales y la Directiva europea 2006/43. La auditoría de cuentas es esencial para garantizar la seguridad y transparencia en los sistemas económicos y financieros, proporcionando seguridad jurídica sobre la información económica y contable de las empresas.
Hasta la promulgación de esta normativa, la auditoría de cuentas estaba únicamente regulada en el sector financiero y asegurador mediante la Ley 8/2013 sobre los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del sistema financiero, la protección del inversor, el abuso de mercado, los acuerdos de garantía financiera y las operaciones con derivados extrabursátiles y de financiación de valores y la Ley 12/2017, del 22 de junio, de ordenación y supervisión de seguros y reaseguros del Principado de Andorra.
Sin embargo, durante los primeros meses de aplicación, se identificaron aspectos técnicos que requerían mejoras y se reconoció la necesidad de realizar ajustes normativos para optimizar el sistema de supervisión y la práctica profesional.
Por este motivo, el 15 de abril de 2025 entró en vigor la Ley 8/2025, de 15 de abril, por la que se modifica la Ley 10/2024, de 27 de mayo, sobre la auditoría de cuentas del Principado de Andorra, con el objetivo de reforzar el papel del Supervisor de Auditorías de Cuentas, especificar mejor qué entidades están obligadas a someterse a una auditoría, revisar los requisitos de acceso y formación para el ejercicio de la profesión y mejorar la coordinación con otras autoridades de supervisión.